Después de que el muro de Berlín cayera, a finales de los años ochenta, en nuestro país el gobierno llegó a jactarse de haber resuelto una disyuntiva propia de las condiciones internacionales de aquel momento: ¿qué operar primero, una reforma política o la reforma económica?. Se optó por favorecer profundamente la reestructuración económica impulsando los tratados comerciales con Estados Unidos y las reformas financieras, productivas e institucionales que promovían en ese momento el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,  así como, más en corto, grupos económicos y de intereses que buscaban posicionarse ante la inminente entrada de nuestro país a la “globalización”.
Las reformas económicas se constituyeron en el motivo esencial de las acciones de gobierno y el argumento central para exigir (no otra cosa) a la población sus aportaciones y sacrificios, a fin de alcanzar los niveles de “competitividad” que el “mercado” demandaba de nuestra sociedad, lo cual significó el deterioro permanente de los medios de subsistencia de la gente y la continua objeción institucional al respeto de los derechos y cumplimiento de garantías para la población que señala la ley en México.
Dicha argumentación, a contrapelo de las reformas electorales y deslucidos intentos por  legitimar una política ofensiva contra la calidad de vida generalizada, facilitó a los sucesivos gobiernos desprenderse de los compromisos que tienen con la población y abocarse a la promoción de oportunidades económicas para corporaciones trasnacionales, al tráfico de influencias y en múltiples casos a la corrupción; todo bajo las banderas de la “competitividad” y las “exigencias” del “mercado” .
El deterioro resultante después de dos décadas de tratados comerciales, inversión extranjera, privatización y corrupción es escandaloso. Ha sumido a tres cuartas partes de la población en la pobreza, ha lanzado a gran parte de la población económicamente activa a buscar oportunidades en un país que los desprecia, acabó con las posibilidades de autosuficiencia industrial, tecnológica  y alimentaria y cercenó de tajo las posibilidades de una vida digna para las actuales generaciones de jóvenes. Y no entremos en las oleadas de sospechosa violencia que inundan diversos rincones del país.
Por lo anterior, resulta una expresión descarada de cinismo que algunos candidatos a la presidencia continúen exhibiendo como bandera la necesidad de las “reformas estructurales” y la privatización de recursos nacionales; eufemismos mediáticos que han justificado el continuo ataque de las televisoras y corporaciones empresariales contra la dignidad y la seguridad del pueblo mexicano en los últimos veinte años, acompañadas por un gobierno federal que, lejos de sus responsabilidades con los requerimientos de la sociedad, hace las veces de animal cetrero.
Cabe enfatizar hoy que  las utilidades de las empresas privadas nunca podrán constituir los fines últimos de nuestra sociedad, como se pretende hacer creer en las televisoras y el gobierno federal; y sus atentados económicos, sociales y mediáticos a la seguridad de la población muestran el constante y decidido alejamiento que rompe sus vínculos y su convicción de convivir y compartir con nosotros, la población, en comunidad.